Presidente de Méjico le contesta a Trump sobre su anuncio para construir el muro.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó un mensaje en respuesta a la indignación pública desatada en México luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Peña está considerando cancelar su reunión de la próxima semana con el mandatario estadounidense Donald Trump en Washington, según comentaron algunos funcionarios el miércoles.
En una entrevista en la cadena ABC, Trump dijo que "de alguna forma" México "reembolsará" el importe a EE UU. "Sí, de una manera u otra, como ha dicho el presidente, México pagará por ello", dijo Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca. El 31 de enero Trump tiene previsto reunirse con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. El documento no menciona que México vaya a pagar por el muro, pero sí obliga a los departamentos y agencias del Gobierno federal a identificar la ayuda al desarrollo, humanitaria, militar o económica anual que EE UU dirige a México. Prevé, además, la construcción de centros de detención cerca de la frontera y la contratación de cinco mil agentes de aduanas y fronteras.
El muro —entendido como un obstáculo que puede ser una valla u otros mecanismos— ya existe. Cubre cerca de un tercio de la frontera de más de tres mil kilómetros entre EE UU y México, y ha sido construido y reforzado por los presidentes más recientes, demócratas y republicanos. No está claro cómo Trump puede completarlo, ni si el Congreso estará dispuesto a desembolsar los miles de millones que costará en un momento en que la inmigración desde México está cayendo.
Además del decreto para construir el muro, Trump firmó otro que penalizará a las grandes ciudades estadounidenses que protejan a los inmigrantes sin papeles. Este decreto prevé la retirada de fondos federales para lo que el presidente llama "ciudades santuario". Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otras, han adoptado políticas benévolas hacia los inmigrantes. La orden ejecutiva contra las llamadas "ciudades santuario" puede abrir una batalla legal entre el poder federal, controlado por el Partido Republicano, y los estados y municipios controlados por el Partido Demócrata.
El segundo decreto establece de entrada que muchos inmigrantes sin papeles “presentan una amenaza significativa a la seguridad nacional y pública”. A continuación define quiénes serán deportados con prioridad. No sólo inmigrantes criminales o acusados de crímenes, sino también otros que hayan hecho declaraciones falsas ante representantes del Gobierno, que se hayan beneficiado de forma inadecuada de programas públicos, o que simplemente un agente de inmigración considere peligroso. Para realizar estas tareas, que podrían suponer deportaciones masivas, el Gobierno de EE UU contratará a diez mil nuevos agentes de inmigración. (Fuente: El País)