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EDUCAMOS EXIGE ELIMINACIÓN DE PRUEBAS FRAUDULENTAS


9 de abril de 2017. San Juan, PR. Luego de su confesión sobre las pruebas estandarizadas, la Secretaria de Educación debe procesar una investigación sobre el uso de dichas pruebas para tomar las decisiones fundamentales en el sistema educativo durante las últimas décadas, que implicaron la inversión de billones de dólares del presupuesto de la agencia, dinero que nunca llegó a las escuelas. A partir de dichas pruebas, el Departamento de Educación hizo contratos multimillonarios que no cumplieron con el propósito para el que se hicieron, puso a trabajar a todo el personal de la agencia (sobre 40 mil empleados) en función de las mismas y tomó decisiones que implicaron el gasto de billones de dólares durante muchos años.


Lo que no entendemos es cómo si las pruebas no sirven, la Dra. Keleher las va a seguir administrando. Las tiene programadas afectando la hora de almuerzo de los trabajadores y trabajadoras, el tiempo lectivo durante más de una semana, está haciendo promoción a través de videos oficiales y cartas, y las quieren seguir utilizando para evaluar al magisterio.

La Secretaria de Educación, Dra. Keleher, acaba de aceptar lo que hemos dicho durante las últimos 35 años: las pruebas estandarizadas no reflejan lo que se aprende en el salón, no han sido validadas, tienen resultados diferentes al College Board, no están alineadas ni concuerdan con el currículo de la escuela pública. Si eso es así, se ha estado invirtiendo el presupuesto del DE en implantar decisiones sobre los resultados de unas pruebas que no miden el aprovechamiento y que carecen de validez y confiabilidad.


Nos parece que si de pedir cuentas se trata, alguien debe responder por qué se han gastado billones de dólares en las pruebas y las decisiones fundamentales del DE durante tanto tiempo en contratos para tutorías, salarios, funcionamiento de las estructuras del DE y en todo lo relacionado con las mismas. Desde el año 1992, cuando se administraban las llamadas Pruebas APRENDA hemos denunciado lo mismo: que las pruebas no sirven para medir el aprovechamiento, no tienen validez y confiabilidad y deben ser eliminadas. Para el 1992 suspendieron a varios compañeros con casos fabricados por supervisores de la agencia. Dichos maestros, que ahora son miembros de EDUCAMOS, demandaron y la agencia tuvo que devolverle los salarios dejados de devengar y pagar la demanda por daños y perjuicios. En el 1993 volvieron a sufrir suspensiones y traslados indebidos. Desde entonces, presentamos a la agencia, así como en los diversos foros legales y administrativos, la suficiente evidencia y documentación sobre la falta de validez y confiabilidad y sobre el quehacer fraudulento detrás de las pruebas estandarizadas. Para encubrirse, la agencia ha ido cambiando el nombre de las mismas (APRENDA, SENDA, PPPA) y ahora se les conoce como META PR.


Si la Secretaria ahora acepta que las META PR no sirven para medir el aprovechamiento estudiantil, lo menos que puede hacer es eliminar la utilización de sus resultados en la evaluación de quienes tienen asignada la función educativa. El Reglamento de Evaluación contempla el uso de las pruebas para evaluar a maestras y maestros y establece que se tomarían acciones de personal contra estos. El magisterio no debe ser castigado a partir de unas pruebas que la misma Secretaria acepta que no sirven. Los padres y madres no deben permitir que se someta a sus hijos a dicho proceso. Exigimos a la Secretaria que sea consistente con lo que plantea.


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